La Página Panamá.
La provincia de Bocas del Toro fue escenario de una de las crisis sociales y humanitarias más graves de los últimos años en Panamá. Entre el 14 y el 30 de junio de 2025, durante la denominada Operación Omega, se registraron múltiples violaciones de derechos humanos, coincidiendo con la declaración de estado de urgencia decretado el 20 de junio por el Ejecutivo.
El informe preliminar de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), elaborado tras una misión de observación en el terreno, documenta a partir de 108 testimonios directos un panorama de violencia estatal, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones temporales y despidos masivos que marcaron la vida de miles de familias bocatoreñas. Desde junio a septiembre de este año se elaboró el informe y en el mes de julio se realizaron tres giras a Changuinola y áreas afectadas.
Este informe retrata la barbarie sufrida por cientos de panameños de comunidades afro, latinas e indígenas en la provincia de Bocas del Toro, cuyo documento es la base de una denuncia contra el Estado panameño a raíz de múltiples violaciones de derechos humanos tras la crisis de la aprobación de la Ley 462.
