La Página Panamá.
Grisel Bethancourt.
La Ley de Acceso a la Información y el Acuerdo de Escazú fueron concebidos como herramientas ciudadanas para abrir las puertas del Estado y garantizar la transparencia en la gestión pública.
En Panamá, ambos mecanismos deberían permitir a periodistas, investigadores y a la sociedad en general acceder a datos fundamentales para entender cómo se toman decisiones que afectan nuestras vidas. Sin embargo, la práctica revela otra realidad: los muros burocráticos y el incumplimiento de estas normas mantienen un desierto informativo que erosiona la democracia.
Hoy, leí en Concolón, la segunda entrega de la investigación periodística sobre la actuación de la minera en Panamá, es un ejemplo elocuente. La opacidad, el irrespeto al periodismo y la violación sistemática de la ley por parte de instituciones que deberían responder con transparencia demuestran que la información pública sigue siendo escondida. No es un caso aislado. En distintos frentes, a los periodistas de investigación nos cuesta cinco o diez veces más obtener datos que por ley deberían estar disponibles. Esa es la razón por la que aprendemos a rastrear, a cruzar documentos y a descifrar huellas que el poder intenta borrar.
El problema es que como sociedad hemos normalizado esta situación. La mirada crítica hacia el incumplimiento de la ley no se está dando con la fuerza que requiere. Conformarnos con una única versión de los hechos no es periodismo. Nuestra obligación es confrontar fuentes, cuestionar discursos oficiales y demostrar con pruebas lo que se pretende ocultar.
Aunque a veces parezca que trabajamos en la invisibilidad, cuando las investigaciones se publican tienen impacto real. Trascienden fronteras, generan debates y muestran que el periodismo independiente en Panamá existe, resiste y se impone. Pero también es cierto que este esfuerzo necesita acompañamiento: los gremios periodísticos deben asumir el desafío de exigir que la Ley de Transparencia y el Acuerdo de Escazú se cumplan; y los funcionarios, por mandato legal, tienen la obligación de responder a la ciudadanía.
El periodismo de calidad, crítico y transformador no puede sostenerse en un país donde se esconde la información pública. Requiere un entorno en el que las leyes se hagan cumplir y donde la transparencia no sea una excepción, sino una regla.
La autora es periodista.
