La Página Panamá
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, advirtió sobre la grave corrupción que persiste en la Asamblea Nacional, evidenciada por las planillas divulgadas por la Contraloría General de la República.
Para Díaz, estos documentos son una prueba irrefutable del uso indebido de recursos públicos en el órgano legislativo y de la permisividad del Ejecutivo frente a estas prácticas.
“La corrupción es notoria y evidente. Las abultadas planillas carecen de toda justificación”, manifestó el jurista, quien instó al contralor general y al procurador general de la Nación a actuar de oficio e iniciar procesos ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia contra los diputados responsables.
En ese sentido, subrayó la necesidad de designar un magistrado fiscal y uno de garantías para que se aborden con rigor estos hechos.
Díaz no escatimó críticas hacia el gobierno actual, al que acusa de no combatir con firmeza este tipo de irregularidades.
A su juicio, la falta de acción podría interpretarse como una estrategia política: “Si el Ejecutivo no corrige los abusos en la Asamblea, solo confirmará lo que muchos sospechan: que tolera estos excesos para asegurar la aprobación de sus leyes”.
El exmagistrado también criticó al presidente José Raúl Mulino por no enfrentar de forma frontal este tipo de corrupción.
Dijo que al presidente le iría mejor enfrentando la corrupción de estos señores, así como la del resto del engranaje gubernamental, “que menospreciando a obreros, profesores, profesionales y a toda persona que cuestione su administración”.
Asimismo, el exmagistrado reiteró su llamado a una Constituyente que limite el poder y los privilegios tanto de diputados como de otros funcionarios públicos, aunque admitió su escepticismo frente a la voluntad del gobierno para emprender reformas estructurales.
“Un gobierno que no respeta la Constitución difícilmente buscará mejorarla”, sentenció.
Finalmente, calificó como insuficientes las iniciativas oficiales de “alfabetización constitucional”, argumentando que el problema no radica en el desconocimiento de la Carta Magna, sino en su incumplimiento deliberado.